Valencia alega contra una ley manchega



D. V.VALENCIA
Actualizado:16/09/2020 22:05h
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La llamada « guerra del agua» por el trasvase Tajo-Segura entre dos Comunidades Autónomas gobernadas por el mismo partido -el PSOE- ha llegado ya el ámbito legislativo: la Generalitat Valenciana ha presentado alegaciones al anteproyecto de una ley de Castilla-La Mancha.

Entre otros aspectos, el Gobierno de Ximo Puig considera «contraria a Derecho» la norma de su compañero de filas Emiliano García-Page y también le acusa de invadir competencias estatales.

El escrito de alegaciones remitido por la Conselleria valenciana, que ha sido consensuado y compartido con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), considera también que la futura norma «conduciría a dilatar los plazos e influir en los criterios de concesión fijados en las reglas técnicas de explotación del trasvase Tajo-Segura».

Las alegaciones que la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha remitido al anteproyecto de la nueva Ley de Aguas del Gobierno de Castilla-La Mancha, actualmente en periodo de exposición pública, reclaman la supresión de las disposiciones adicionales primera y segunda.

Estos apartados del articulado «exceden las competencias de la Administración autonómica, además de incluir exigencias que conducirían a dilatar los plazos e influir en los criterios de concesión fijados en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura», según responsables de la Conselleria valenciana.

Concretamente, la disposición adicional segunda «somete el acuerdo y ejecución de las cantidades hídricas transferidas por el comité técnico de explotación a un informe preceptivo no vinculante pero obligatorio por parte de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha», señalan fuentes de la Conselleria.

A juicio de la Generalitat, este pronunciamiento «entra en conflicto competencial» con lo recogido en el artículo 149 de la Constitución sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos que discurran por más de una comunidad autónoma, así como con el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Retrasar las transferencias

La nueva exigencia, además, «ralentiza los tiempos al establecer un plazo de 15 días -posterior al dictamen de la transferencia proyectada por la comisión técnica- para elaborar el citado informe», ha explicado la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà.

La consellera ha señalado que la nueva ley que plantea el Gobierno de Castilla-La Mancha «es un intento más de manipular las reglas de explotación» y ha expresado su «total oposición a cualquier propósito que altere y comprometa el agua en el sur de la Comunitat Valenciana».

La primera disposición adicional también puede considerarse, en su opinión, como una «apropiación de competencias estatales», dado que «permite a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la gestión y control de los caudales de la cabecera del Tajo, de cuyos niveles depende la transferencia hídrica, modificando así lo establecido en el Memorándum Tajo-Segura».

El anteproyecto señala, entre sus objetivos, el de «garantizar la intervención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las decisiones sobre transferencias y trasvases de agua que afecten al territorio de la Comunidad Autónoma», una «declaración de intenciones» que fundamenta las alegaciones presentadas y compartidas por la Conselleria y el colectivo de regantes, ha concluido la consellera.

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