El goteo de fugas de inmigrantes confinados desata la alarma ciudadana



José Luis FernándezAlicante
Actualizado:02/08/2020 02:09h
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El drama de la inmigración ilegal se ha convertido en un nuevo peligro para la expansión de la pandemia. Solo en la última semana se han producido hasta cuatro fugas masivas de «sin papeles» confinados -dos en Cartagena, otra en Murcia y una más en Granada y Alicante- que se mantienen bajo vigilancia ante la posibilidad de estar contagiados por el Covid-19. La mayoría de los fugitivos son personas llegadas en patera a las costas del sureste mediterráneo, más de medio millar esta semana.

Entre ellos se han detectado ya varios casos confirmados de sufrir la enfermedad, por lo que se decidió que todos los que hubieran estado en contacto con los positivos pasaran la cuarentena en hospitales de campaña y centros cerrados. Decenas de ellos, sin embargo, han huido de esas instalaciones por miedo a ser expulsados una vez superado ese periodo. Obviamente, estos sucesos han desatado la alarma en la población de la zona que ve en estos episodios posibles focos de transmisión del virus.

El último de los sucesos se produjo en la noche del viernes en Cartagena, donde 59 argelinos que llegaron la semana pasada a las costas murcianas en patera, y que guardaban cuarentena tras estar en contacto directo con positivos por Covid-19, se fugaron del pabellón de Cabezo Beaza. La Guardia Civil ya ha localizado a 15. Algunos de los huidos podrían ser los mismos que ya protagonizaron una fuga mayor, de casi un centenar, la madrugada del miércoles, en la dársena de Escombreras.

Es evidente que al problema social que siempre hay detrás de la inmigración irregular ahora se une el sanitario. El confinamiento de algunos de los «sin papeles» ha creado muchos problemas en el hospital de campaña habilitado para ellos tanto en Alicante como en el puerto de Escombreras murciano, entre otros espacios también de emergencia improvisados para poder aislarles, entre los que hay desde el hotel de un pantano -el Cenajo- a una residencia universitaria, de la Politécnica de Cartagena.

El miedo a ser expulsados tras ese periodo de cuarentena se ha acrecentado y la gestión de esta crisis por la situación inédita de la pandemia parece encontrarse en cierto «limbo legal», según algunos profesionales consultados por ABC que trabajan en garantizar la seguridad.

«Algunos se fugaron y volvieron unas horas después, tal vez porque no todos llegan a España con un plan trazado y no saben qué hacer», relatan desde Alicante fuentes policiales. «Nuestra presencia es para que no haya altercados, más que para que no se fuguen», puntualizan. No en vano, la tensión resulta comprensible: «Si estás en tu casa confinado, como hemos vivido todos, ya es duro, pues en un hospital de campaña, peor aún».

Aunque la norma establece 14 días de cuarentena a quienes proceden del extranjero (o nueve días si no presentan síntomas sospechosos), sistemáticamente se realiza a todos los rescatados en patera la prueba de PCR en el mismo puerto, en el caso de Alicante. Quienes dan positivo son ingresados en el hospital y los negativos, pero que han estado en contacto con infectados, al de campaña.

Trámite más rápida

Ahora no se llevan a dependencias policiales y la intervención de las Fuerzas de Seguridad se realiza antes de las 72 horas que establece el plazo legal habitual. El proceso se inicia por la entrada ilegal en el territorio y según la Ley de Extranjería, se les abre un expediente y quedan en libertad en espera de la resolución de la autoridad judicial sobre su expulsión del España o no. En realidad, no están detenidos durante ese impasse

Desde que se cerraron los centros de internamiento CIES por el Covid-19, hay unos convenios con ONG que prestan la atención psicosocial, en Alicante la Cruz Roja. «Nos encargamos de la asistencia humanitaria a estas personas. A su llegada a puerto, se realiza una valoración básica socio-sanitaria, por si hubiera algún tipo de patología, no solo coronavirus, cualquier situación de riesgo, a veces hipotermia… Lo primero es estabilizarle y valorar si se lleva a centro sanitario», explica Carla Vera, de Cruz Roja Alicante.

Tras cubrir sus necesidades básicas de «alimentación, subir los niveles de azúcar en sangre y ver si tienen síntomas de deshidratación, las autoridades se quedan con su custodia», añade. En cuanto a las medidas de protección por la situación provocada por la pandemia, «no es lo mismo una traductora, que no necesita un contacto ‘cuerpo a cuerpo’, que un sanitario, que sí necesita esa especie de traje completo, blanco». En definitiva, esta realidad «obliga a prestar asistencia en un contexto diferente y ser más escrupulosos y mantener la distancia», resume Vera.

Más al sur, en Cartagena los números han desbordado a las administraciones que, además, polemizan sobre quién debe asumir el alojamiento de estos inmigrantes durante su cuarentena obligatoria. Nada menos que 454 «sin papeles» llegaron a sus costas el pasado fin de semana y casi un centenar se fugaron.

Para 259 de estos rescatados que habían estado en contacto con contagiados en Argelia, el plazo legal de 72 horas representó una carrera contrarreloj y se les dio cobijo en tiendas de campaña en Escombreras. Con la ola de calor de estos días, ese alojamiento y el hospital de campaña de Alicante, habilitados como soluciones de emergencia, suscitan críticas desde diferentes ámbitos. Así, la portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento alicantino, Mari Carmen de España, instó al Síndic de Greuges -el Defensor del Pueblo autonómico- a investigar las condiciones de los confinados por considerarlo un «trato inhumano».

En parecidos términos, el sindicato Jupol ha remitido a las delegaciones del Gobierno en las provincias de Alicante, Murcia y Almería (entre las tres suman 948 inmigrantes llegados en pateras en una semana), escritos solicitando la elaboración urgente de un protocolo de actuación efectivo que permita a los agentes trabajar de forma segura ante una «alarmante» realidad.

Pero a los problemas que provoca la inmigración ilegal se suma el de los temporeros. En algunos casos estas personas ocultan sus síntomas porque saben que perderían toda la temporada de recogida, lo que le sus supondría la pérdida de su única fuente de ingresos. De hecho, entre el colectivo de temporeros cada vez sa dan más focos.

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