El tribunal acepta que Enrique Ortiz se retracte de haber amañado el Plan General de Alicante



D. A.ALICANTE
Actualizado:30/06/2020 17:52h
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La Audiencia de Alicante ha aceptado este lunes en el primer día del juicio que el empresario Enrique Ortiz se retracte de haber amañado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante con la complicidad de dos exalcaldes, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. En consecuencia, el asunto seguirá con su calendario previsto por el tribunal tras rechazar la petición de Fiscalía y acusaciones de suspenderlo.

En esta pieza del caso Brugal, otros dos acusados tampoco han ratificado el escrito de conformidad -igual que Ortiz- que habían alcanzado inicialmente con el ministerio público confesando su culpabilidad para no ingresar en prisión y del que se desdijeron tras la sentencia absolutoria del caso de las basuras de Orihuela, que anuló las escuchas que dieron lugar a ambos procedimientos.

Según ha señalado la presidenta de la sección, no se dan las circunstancias para suspender el inicio del juicio dado que la conformidad no se aceptó por todos los acusados y porque, además, se debía preguntar a las personas que participaron en ese acuerdo inicial si lo ratificaban o no.

En ese sentido, ante el tribunal los acusados Santiago Bernáldez, Enrique Ortiz y Virgilio Ortiz no han ratificado sus escritos de conformidad mientras que el empresario Ramón Salvador sí lo ha hecho. A la vista de estas circunstancias, la presidenta de la sala ha rechazado la suspensión y se ha iniciado la primera sesión de cuestiones previas, con la protesta de Fiscalía y la acusación que ejerce EUPV.

Defensa

Los dos abogados que comparten la defensa de Sonia Castedo han intervenido para alegar la nulidad del proceso porque, a su juicio, las escuchas son ilegales, y para argumentar que se ha producido una vulneración del derecho de defensa.

Vista de la sala con el tribunal de esta pieza separada del caso Brugal – EFE

En primer lugar, la defensa de la exalcaldesa ha solicitado la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo desde su imputación formal en 2010 porque asegura que “no se le informó, no pudo actuar en el proceso pese a su imputación formal, no se le dio conocimiento para personarse y no pudo participar en las numerosas actuaciones”.

Además, ha explicado que, por ejemplo, no se le notificó el levantamiento del secreto de las actuaciones y que no le ofrecieron los autos: “No se le notificó absolutamente nada”, ha manifestado y ha alegado que ello pese a que Castedo presentó un escrito en octubre de 2010 para que se alzase el secreto.

El abogado también ha recordado que Castedo era diputada autonómica desde julio de 2011, por tanto aforada, y que si se le hubiera notificado el levantamiento del secreto hubiese podido poner de manifiesto “la pérdida de competencia” del juzgado instructor. En ese sentido, ha comentado que se produce, además, “una vulneración al derecho al juez predeterminado por ley”.

El exalcalde Luis Díaz Alperi – JUAN CARLOS SOLER

“Al no permitirle personarse como parte, pese a serlo de origen, no pudo alegar falta de competencia, no pudo recurrir, en las diligencias y no pudo aportar pruebas o documentos para defenderse en aquel momento”, ha seguido y ha expuesto que pasó “un año, un mes y un día” en los que “se privó” a la exalcaldesa del derecho de defensa.

Finalmente, ha recordado que tanto EUPV como PSPV pudieron querellarse contra Sonia Castedo pese a que las actuaciones seguían siendo secretas.

Además, otro de los abogados que la representa ha planteado la nulidad de las escuchas dado que los supuestos delitos son fruto de un hallazgo casual por otra investigación con la que no tenía relación. “Pedimos la nulidad de las grabaciones y la exclusión material de la vista y de todos los actos del efecto reflejo”, ha indicado la defensa de Castedo.

Al respecto, ha detallado que también habría supuesto de nulidad por falta de competencia de los juzgados de Instrucción que no se inhibieron en el Tribunal Superior de Justicia, pese a que Luis Díaz Alperi era diputado autonómico.

Asimismo, han alegado falta de especialidad, ya que no concretan “un delito concreto y con todos los elementos”. “En ningún auto aparece un hecho delictivo narrado; son vaguedades”, han argumentado y han señalado que las intervenciones no tenían por objetivo “prevenir delitos si no para asegurar que se cometían”.

Confesión y marcha atrás

El juicio ha arrancado en la Audiencia Provincial de Alicante con limitación de aforo por la covid-19 y marcado por la decisión del tribunal de aceptar la retractación de Ortiz, que ahora defiende su inocencia después de que el pasado abril llegara a una conformidad con la fiscalía Anticorrupción por la que se declaraba culpable y aceptaba pagar 1,6 millones de multa y 2 años de prisión, con lo que eludía la cárcel.

Los abogados defensores de Castedo, Ignacio Gally y José María Asencio, han argumentado que los pinchazos telefónicos se acordaron de manera extemporánea y se prorrogaron sin la motivación que resultaba necesaria.

La exalcaldesa Sonia Castedo – JUAN CARLOS SOLER

Esa postura va en la misma línea de lo acordado en otra pieza separada del Brugal, donde el tribunal absolvió a los 34 acusados de las supuestas irregularidades en la contrata de basuras de Orihuela por la invalidez de las escuchas de la Policía Nacional.

En una extensa intervención, los dos letrados han expuesto que durante la instrucción de las diligencias se incurrió en un “fraude procesal” ya que los supuestos indicios delictivos en la tramitación del PGOU se encontraron “de manera casual” en las escuchas relacionadas con la contrata de la basura.

El juicio se retomará el próximo 7 de julio con la exposición de las cuestiones previas del resto de los acusados, al margen de las ya expuestas por Castedo.

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