China desoye todas las críticas y da luz verde a la ley de seguridad nacional en Hong Kong



Pablo M. DíezSEGUIRCorresponsal en Pekín
Actualizado:30/06/2020 05:39h
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Con su hermetismo y falta de transparencia habitual, el régimen chino ha aprobado este martes la polémica Ley de Seguridad Nacional que impondrá a Hong Kong sin pasar por su Parlamento local, que penará la subversión, la secesión, el terrorismo y las injerencias extranjeras. Según informa el periódico «South China Morning Post», la ley ha sido aprobada unánimemente por los 162 diputados del comité permanente de la Asamblea Nacional Popular, el Parlamento orgánico del régimen que el mes pasado votó a favor de tramitar esta iniciativa.

En la antigua colonia británica, que lleva levantada desde hace un año reclamando democracia, muchos temen que esta ley les arrebate sus libertades políticas, mayores que en el resto de China. Avivando sus temores, todavía no se conocen los detalles de esta controvertida regulación, que será promulgada este miércoles, 23º aniversario de la devolución de Hong Kong a China, al ser incluida directamente en el Anexo III de la Ley Básica, «mini-Constitución» de la ciudad.

Además de conmemorar la efeméride, la fecha es una venganza por el asalto del año pasado al Parlamento local por parte de los manifestantes que reclaman democracia, que causaron numerosos destrozos en el edificio. Este año, la Policía ha prohibido la marcha que tradicionalmente se celebra cada 1 de julio argumentando dichos disturbios y el riesgo de contagio por el coronavirus. Pero, igual que hicieron durante la también prohibida vigilia de Tiananmen, es posible que los hongkoneses vuelvan a echarse a las calles, y más cuando conozcan el contenido de la ley.

De momento solo un puñado de diputados hongkoneses en la Asamblea Nacional han visto su borrador, pero no los del Parlamento autónomo y, mucho menos, los del bando demócrata. Esta opacidad, que es normal en el régimen chino, ha despertado todos los miedos en Hong Kong, una de las ciudades más abiertas del mundo y donde su Gobierno envía cada día a la Prensa más de una docena de comunicaciones informando de todas sus actividades.

A tenor del SCMP, que cita fuentes oficiales, la ley de seguridad nacional incluirá la cadena perpetua, y no solo penas máximas de diez años de cárcel como se había hablado antes. Aunque todavía no se sabe qué delitos contemplará dicha pena, la oposición y los activistas políticos de Hong Kong temen que Pekín use la ley para silenciar sus demandas democráticas, exactamente igual que hace en el continente. De forma rutinaria, los disidentes chinos son condenados por «incitar a la subversión contra el poder del Estado», lo que hace temer a los hongkoneses por la pérdida de sus derechos políticos, como la libertad de expresión y reunión.

Además, en los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que la ley tenga efecto retroactivo. Si fuera así, estarían en la diana los miles de detenidos por las protestas reclamando democracia que sacuden a la ciudad desde hace un año, que empezaron de forma pacífica contra la ya suspendida ley de extradición a China y han derivado en una revuelta con una violencia nunca antes vista en Hong Kong. Con su intervención directa, Pekín intenta aplastar la agitación política, que ha hundido la economía y es su mayor amenaza desde las protestas de Tiananmen, ya que ha despertado el sentimiento independentista entre los jóvenes hongkoneses.

El Gobierno local asegura que la excolonia seguirá manteniendo sus libertades y garantías legales y que la nueva normativa solo afectará a un «grupo muy reducido» de personas. Pero la implantación de una oficina de la seguridad del Estado aterra a muchos en Hong Kong, que lo consideran una violación del principio «Un país, dos sistemas» que rige en la ciudad, en teoría, hasta 2047.

Manifestando esta misma preocupación, las principales democracias occidentales también han denunciado que la Ley de Seguridad Nacional incumple el acuerdo de devolución de Hong Kong a China por parte del Reino Unido, contemplado en la Declaración Sino-Británica de 1984 y formalizado con el traspaso el 1 de julio de 1997. Amparado por la ONU, dicho tratado internacional estipulaba el respeto a las mayores libertades de la colonia y su autonomía bajo la fórmula de «Un país, dos sistemas», que ahora ha quedado en entredicho. Mientras Japón ha liderado en el G7 una propuesta contra la ley y la Unión Europea ha advertido a Pekín de sus «serias consecuencias», Estados Unidos le retirará a Hong Kong su estatus económico preferente. Se trata de un castigo al régimen porque por esta ciudad entra el 70 por ciento de la inversión extranjera en China, pero también dañará a esta capital financiera de Asia. Haciendo oídos sordos a todas estas críticas, el régimen de Xi Jinping sigue aumentando su control sobre Hong Kong, que podría perder su carácter único y, lo más importante, sus libertades.

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