La Comunidad reconoce por ley la labor de 3.300 entidades sociales



Montse SerradorValladolid
Actualizado:15/02/2020 11:59h
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Reconocer la labor social que realizan las entidades del Tercer Sector y dotarlas de un marco jurídico es el principal objetivo del Anteproyecto de Ley que presentó ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Más de 3.300 asociaciones, organizaciones y colectivos forman el denominado Tercer Sector de Castilla y León, con una actividad que se concreta en los más de 5.000 servicios que ofrecen a personas de la tercera edad y con discapacidad, así como en actuaciones de inclusión social y de protección a la infancia.

Con esta iniciativa, que da cumplimiento a uno de los primeros compromisos de la consejera, se quiere reconocer la aportación de estas entidades a la sociedad castellano y leonesa como principales responsables del elevado nivel y la alta valoración de los servicios sociales que se prestan en la Comunidad. «Las entidades del Tercer Sector son un activo fundamental de la sociedad que complementa al sistema público y su contribución debe ser reconocida», señaló Isabel Blanco. La Ley, que será aprobada por la Junta antes del verano para su posterior remisión a las Cortes autonómicas, impulsará, además, la colaboración entre las entidades y el sector público ampliando los cauces de participación y garantizando su viabilidad económica a través de la concertación.

Según explicó la consejera, la principal aportación de la ley -que ahora será sometida a audiencia pública para la presentación de aportaciones o alegaciones- es que constituye un marco de referencia que determina el papel de las entidades sociales y su ámbito de intervención, al tiempo que define jurídicamente sus características, principios y obligaciones y garantiza su sostenibilidad. Además, establece fórmulas de participación concertada, de forma que añade valor al trabajar en Red en Castilla y León.

Protección a los menores

Una de las novedades del texto es la actualización del voluntariado, cuya norma actual es de hace trece años, para que sea «más abierto, moderno y seguro». Además, se hará especial hincapié en la protección de los menores, por lo que no podrán trabajar como voluntarios quienes hayan sido condenados por casos de violencia de género, doméstica o atentados a la vida. En la actualidad, ya estaban imposibilitados quienes estuvieran implicados en casos de pederastia.

El Anteproyecto incluye la creación de un censo de organizaciones del Tercer Sector que permita conocer su realidad. De las 3.300 actuales, el 55,16 por ciento realiza su labor con mayores; el 9,97 con personas con discapacidad; el 4,54% pertenece al área de inclusión social; un 4,24% trabaja en la protección a la infancia y el 25,76 por ciento de las entidades actúa en el resto de áreas. Además, se plantea la elaboración de un Plan Estratégico del Tercer Sector, con una vigencia de cuatro años, a lo largo de los cuales se llevarán a cabo una serie de actuaciones de promoción dirigidas, entre otros objetivos, al favorecimiento del mecenazgo y el patrocinio.

Isabel Blanco, en la presentación de la norma, mostró su deseo de que esta sea «una ley de Comunidad con el máximo consenso». Explicó que el objetivo no es otro que «dotar de un marco jurídico a unas prácticas que se hacen de forma habitual», como son las acciones de las entidades del tercer sector. Se trata, en definitiva, de «darlas el reconocimiento que se merecen, definir quién es y quién no, así como fijar sus obligaciones y su sostenibilidad».

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